Ex director de Obras de Teno habría recibido pagos directos de empresa ligada al alcalde de Hualañé.

El Juzgado de Garantía de Curicó dio curso a una nueva querella criminal que amplía la investigación abierta en 2017 contra el ex director de Obras de Teno, Sergio Espinoza, a eventuales delitos de cohecho, solicitando que se cite a declarar a la alcaldesa Sandra Valenzuela y a su par de Hualañé, Claudio Pucher, para que entreguen sus versiones a la PDI.

Según el medio Teno Informado, uno de los antecedentes que ya posee el Ministerio Público, es la declaración de una testigo cercana al ex director de obras de la Municipalidad de Teno, la cual reconoció la existencia de pagos por concepto de servicios que éste habría prestado a Claudio Pucher al menos hasta el año 2011, donde «ponía su firma» a proyectos de construcción que la autoridad hualañecina tramitaba en forma particular.

Según la declarante, «Claudio Pucher pagaba por la firma de estos proyectos a Sergio Espinoza. Yo creo que le dábamos algún recibo y luego le daríamos una factura por el total».

Las últimas entregas de dinero que se conocen a partir de este testimonio habrían ocurrido en fecha coetánea a la adjudicación de obras de la empresa constructora Dolmen, representada por Claudio Pucher y su hermano Gerardo, en la comuna de Teno.

Entre ellas, la construcción de la sede social de Santa Rebeca por $12.095.761 (año 2010), reparaciones en la Escuela Los Alisos por $9.075.718 (año 2010), y la normalización del sistema de agua potable y alcantarillado de la Escuela Alborada Ventana del Bajo por $11.112.886 (año 2013).

Hasta el año 2016, cuando Dolmen siguió adjudicándose obras millonarias en escuelas públicas, las bases de licitación y comisiones de evaluación de ofertas recayeron sobre funcionarios de la Dirección de Obras que Sergio Espinoza encabezaba, sin que éste se hubiera abstenido de participar en los concursos y en la posterior recepción de las obras ejecutadas.

En 2018, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra Espinoza por el eventual delito de negociación incompatible, haciendo presente que, en base a un informe de Contraloría, su esposa era socia de Claudio Pucher a través de otra empresa domiciliada en Curicó.

En 2017, cuando la PDI llegó hasta la Municipalidad de Hualañé para tomar declaraciones a Pucher, la autoridad comunal optó por no colaborar con la investigación, señalando que primero debía asesorarse con un abogado.

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